Carta de la nueva generación de la Coalición Cívica para la transformación de la Provincia de Buenos Aires
A los actuales y futuros dirigentes:
Somos jóvenes, y hacemos política con orgullo y militancia social, porque estamos convencidos de quienes somos y que queremos; sabiendo que nuestra lucha es para la posteridad del país.
Creemos en esta herramienta, que bien utilizada puede lograr que nuestra sociedad alcance los objetivos que alguna vez soñaron los padres de nuestra patria.
Pero también, requerimos que se incluyan en la agenda política ciertos temas que nos conciernen, ya que sostenemos ser actores fundamentales para la vida democrática de esta provincia de Buenos Aires.
Consideramos que debe haber una alternativa superadora a la actual, donde hay un Estado alejado de la problemática de la niñez y juventud, que posibilite la transformación de los jóvenes de actores periféricos, excluidos de la esfera pública, a actores protagónicos. Por ende, ya es hora que los niños, adolescentes y jóvenes sean considerados sujetos de derecho, lo cual requiere de un compromiso político ineludible para que sean incluidos en los procesos decisorios desde la órbita del Estado y espacios de participación política y ciudadana.
Es imperioso que las legislaciones y las políticas públicas se adecuen a la Convención Internacional del Niño y la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud.
Se deben crear las condiciones necesarias para que los y las jóvenes no sean expuestos a ninguna situación de discriminación fundada en la raza, el sexo, la orientación sexual, la lengüa, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, los recursos económicos o cualquier otra condición que pudiese establecer discriminación alguna. Para cumplir con esto, es necesario que se tomen medidas concretas como la creación de organismos provinciales similares al INADI, que con una clara actitud proactiva en la defensa de la igualdad de derechos, la revisión de toda la legislación provincial para modificar aquello que pueda traer aparejado actos discriminatorios y el diseño planificado de ciudades y sus espacios públicos para que pueden representar la diversidad de actores sociales.
Requerimos que se adopten medidas legislativas y administrativas para la implementación de políticas de juventud, lo que inexorablemente exigirá que se discuta la asignación necesaria de recursos que el Estado provincial deberá realizar para tal fin.
Se debe reconocer el rol de padres, madres y/o sustitutos afectivos como parte fundamental del núcleo familiar en la orientación y formación de nuevas generaciones. Dicho reconocimiento requiere focalizar la atención en aquellas personas y/o grupos familiares con determinadas vulnerabilidades, desarrollando intervenciones de carácter universal y preventivo. Como medidas imprescindibles solicitamos se utilicen estrategias para la mejora de la distribución universal del ingreso que disminuyan la posibilidad de corrupción y clientelismo, prácticas que han llevado a la provincia a su situación actual. Por lo tanto, debe crearse una red de seguridad en los ingresos para todos los ciudadanos y en este caso particular es necesario que exista el compromiso por llevar a la práctica el Fondo de Ingreso Ciudadano para la Niñez.
Tenemos la convicción de que debe existir el compromiso para que los jóvenes gocen de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales valorándolos como sujetos titulares de derechos humanos inviolables. Para eso es necesario crear ámbitos de discusión y decisión que eviten coartar la libertad de todo joven que habite o transite el suelo bonaerense. Nadie podrá ser arrestado o detenido arbitrariamente. Los jóvenes deberán tener un trato de protección y de derecho de defensa especial, diferenciado del de los adultos. Desde el sistema educativo formal es necesario incluir contenidos que permitan a los jóvenes comprender y exigir los derechos y obligaciones como ciudadanos.
Proclamamos el derecho inalienable a la paz, a desterrar toda medida que conlleve el incremento de la violencia social. Es necesario que la educación se focalice en la estimulación de la solidaridad y cooperación, poniendo especial énfasis en la contención de aquellos jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y en alto riesgo de abandono escolar.
Las nuevas generaciones tienen derecho a la intimidad personal y familiar. Para ello es necesario crear condiciones que incentiven tanto la vida familiar como la emancipación de los jóvenes. Esto demandará el análisis y corrección de situaciones de hacinamiento, que no judicialicen los conflictos sociales y terminen por criminalizar la pobreza. Se requiere una política de acceso al crédito más flexible y un régimen de incentivos emancipatorios asi como también una política habitacional coherente y adecuada a las necesidades de las comunidades.
La libre elección de pareja, vida en común y ejercicio de la sexualidad demandará la revisión de la legislación que vaya en beneficio de la creación de un marco de igualdad para todos. Esto requiere que en la provincia de Buenos Aires se amplíe el concepto de filiación, permitiendo no sólo el matrimonio entre sujetos de sexo opuesto, sino también ampliar este concepto a otros tipos de parejas que actualmente no cuentan con este tipo de beneficios como aquellas conformadas por personas del mismo sexo.
Es necesario promover medidas que incrementen el derecho a la participación política y social de los y las jóvenes de la provincia. Para incentivar dicha participación se deben articular mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de iniciativas a tráves de sus organizaciones y asociaciones. Los mecanismos a utilizar deberán influenciar directamente en el manejo del Estado, lo que exigirá que en cada unos de los municipios se fomente la creación de partidas de presupuestos participativos, para que los recursos se destinen a medidas Estatales que no los excluyan.
Los y las jóvenes de la provincia deben tener derecho a la libertad de manifestarse, libertad de pensamiento, conciencia y religión, por ende se deberán promover medidas que garanticen el derecho a este ejercicio. Se deberán eliminar todas las formas de clientelismo, impulsando maneras de que el vecino se exprese en ámbitos que le sean próximos, pero que mantengan su imparcialidad y no estén teñidos de ningún color político partidario.
Para cumplir con el derecho a la educación se debe asegurar que esta sea obligatoria y gratuita, que sea integral, continua y de calidad. Esto requiere que los jóvenes estén representados en las decisiones sobre procesos educativos, pero sobre todo requiere una profunda democratización de la educación, que permita que las instituciones cumplan estándares similares de calidad independientemente de la situación socio-económica de las zonas de la provincia en donde se ubiquen los establecimientos educativos. En ese sentido fomentamos y apoyamos la creación de Centros de Estudiantes en todas las instituciones secundarias, terciarias y universitarias de la Provincia.
No deben existir asimetrías ni edilicias, ni de calidad en los contenidos, se debe defender el derecho a la igualdad de oportunidades, que es motor de la ascendencia social.
El derecho a la educación también debe comprender la educación sexual para fomentar conductas responsables en el ejercicio de la sexualidad, orientación en la aceptación de la identidad de género, prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abuso sexual y violencia de género. Se deberán hacer campañas efectivas de orientación y buscar mecanismos para mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y profilácticos.
La administración del Estado y creación de políticas públicas debe tener en cuenta que los jóvenes necesitan desarrollar una vida cultural propia, que les permita crear y expresar libremente. Es necesario crear espacios públicos para los jóvenes, evitando dejar dicha tarea librada al azar o la voluntad o las intenciones del sector de capitales privados.
Los y las jóvenes deben tener acceso a una salud integral y de calidad. Se debe poner foco en la Atención Primaria de la Salud, estrategia que concibe integralmente los problemas de salud–enfermedad y de atención de las personas y el conjunto social. No sólo provee servicios de salud, sino que afronta las causas sociales, económicas y políticas de la ausencia sanitaria. Además, evita el congestionamiento del sistema hospitalario, reduciendo así significativos gastos al Estado. Es necesario trabajar en la prevención, el acceso a la información y en evitar la criminalización de los jóvenes que consumen o están expuestos a estas problemáticas. En ese sentido se deberán crear programas que tiendan a la reducción del riesgo y a la orientación de jóvenes usuarios de sustancias para un abordaje multidisciplinario y efectivo durante el tratamiento y rehabilitación.
Los y las jóvenes de la provincia deben ser protegidos en el cumplimiento de su derecho al acceso a un empleo digno, estableciendo igualdad de oportunidades en lo relativo a la inserción, remuneración y condiciones laborales. Deben revisarse las prácticas que los expongan a situaciones de desprotección, como los regimenes de pasantías, en donde en muchos casos se disfraza a la precariedad laboral de instancia de aprendizaje. El régimen de pasantías no debe ser una herramienta de “flexibilización laboral” y no puede ser un sistema que sólo beneficie al empresariado en la baja de costos laborales. Proponemos rediscutir el régimen de pasantías actual para que este se convierta en un contrato de mutuo beneficio.
La importancia de proteger y utilizar adecuadamente los recursos naturales reside en que los jóvenes debemos exigir el cumplimiento de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. El cuidado del medio ambiente no puede someterse a los intereses económicos o la necesidad de la población por conseguir un empleo para su sustento. Se deben tomar medidas urgentes para estudiar los problemas de las poblaciones expuestas a riesgos ecológicos. Es necesario que el Estado se comprometa con el diseño urbano, se requiere que sea activo en le control de la contaminación, que genere posibilidades de desarrollo económico que no vayan en detrimento de la salud de sus ciudadanos. Se deben sanear las cuencas hídricas Matanza – Riachuelo, Reconquista y todas aquellas que tengan algún grado de contaminación, garantizando la asistencia médica de la población en riesgo y relocalización de industrias contaminantes.
En lo que se refiere a la justicia se debe garantizar una legislación procesal que tenga en cuenta la condición juvenil. Se debe exigir el adecuado cumplimiento de la Ley 13.928 de Promoción y Protección Integral de la Niñez. Se debe exigir a todos los municipios bonaerenses integrarse a esta normativa invirtiendo en el fortalecimiento de las áreas que trabajen este tema tan complejo y cumplir con la implementación de servicios locales para evitar que sean los jueces de menores quiénes lleven toda la responsabilidad, y así evitar se judicialicen temas sociales. Se debe establecer un sistema penal juvenil que priorice sanciones no privativas de la libertad para adolescentes penalmente responsables, promoviendo medidas de resocialización.
Invitamos a todos a repensar nuestra provincia y recrear una nueva utopía de igualdad, respeto y equidad.
Con la convicción de que la democracia debe dar el salto cualitativo que le permita representar la multiplicidad de voces de la sociedad afirmamos que con ELISA CARRIO y MARGARITA STOLBIZER ya estamos para una provincia mejor.
Mesa Nueva Generación de la Provincia de Buenos Aires - Coalición Cívica.
Pablo Fracchia - Franco Mombelli - Sergio Blogna - Rafael Soria - Andrés Vagedes
